miércoles, 13 de junio de 2018

REFORMA LEY ENJUICIAMIENTO CIVIL. PROTECCION FRENTE A LOS OCUPAS. Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas (BOE de 12 de junio)

Wolters Kluwer
LA LEY 4445/2018



Con esta norma se trata de poner coto al fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas, generalmente conocido como "movimiento okupa", y facilitar soluciones tendentes a garantizar la protección de la posesión de los inmuebles por sus propietarios cuando se ven despojados por la fuerza de la misma, poniendo trabas sus ocupantes a una inmediata recuperación, al no disponer hasta ahora en nuestra legislación procesal de un instrumento ágil y eficaz que permita a los titulares recuperar la posesión de su vivienda.
 
Entrada en vigor

El 2 de julio de 2018, a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Finalidad de la norma

La norma pretende crear un nuevo cauce procesal, una variante del juicio verbal posesorio previsto en el artículo 250.1.4º  LEC (el antiguo interdicto de recobrar la posesión que tiene por objeto la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas) para dar una respuesta ágil y efectiva al problema derivado de la ocupación ilegal de viviendas y el consiguiente desalojo del ocupante por la fuerza.

Contenido más relevante
  • La reforma modifica el juicio verbal posesorio previsto en el artículo  LEC articulando un procedimiento ad hoc destinado a recuperar de forma inmediata la posesión de un bien inmueble destinado a vivienda que ha sido ocupado ilegalmente (ocupación ni consentida ni tolerada) y restituirla a su legítimo poseedor, pero con un ámbito de aplicación limitado:
    • - Subjetivamente, a la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. Quedan fuera los supuestos en que el poseedor despojado sea una persona jurídica en la que no concurra la nota de ausencia de lucro.
    • - Objetivamente, a inmuebles que tengan la consideración de vivienda, sin distinción de que se trate de vivienda habitual o de segunda vivienda, pero excluyendo a locales de negocio.
  • El proceso sigue la tramitación del juicio verbal, con las siguientes especialidades:
    • - Con la demanda se deberá acompañar el título en el que el actor funde su derecho a poseer.
    • - La demanda aun cuando se desconozca quien sea el autor del despojo podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la vivienda, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación. y quien realice el actor de comunicación podrá ir acompañado de los agentes de la autoridad.
    • - El demandante puede solicitar con la demanda la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, abriéndose un trámite incidental. En el decreto de admisión se requerirá a los ocupantes para que aporten en el plazo de cinco días título que justifique su situación posesoria. Si no se aporta justificante suficiente el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiere acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a poseer y sin que contra el auto que decida sobre el incidente quepa recurso alguno, llevándose a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda.
    • - En la misma resolución en que se acuerde la entrega de la posesión de la vivienda al demandante y el desalojo de los ocupantes, se ordenará comunicar tal circunstancia, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados, a los servicios públicos competentes en materia de política social, para que, en el plazo de siete días, puedan adoptar las medidas de protección que en su caso procedan.
    • - Si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia. La oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor. La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 ( LEC.
Disposiciones afectadas
Modifica:
  • artículos 150 , 437 , 441  y 444  de la LEY  1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil  La disposición final décima (LA LEY 15320/2011) de la Ley 20/2011, de 21 de julio (LA LEY 15320/2011), del Registro Civil, para amplíar la vacatio de la Ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil, hasta el 30 de junio de 2020.

miércoles, 25 de abril de 2018

EL EMBARGO DEL SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS CON UN UNICO INGRESO PERIODICO: ¿ AHORRO SUSCEPTIBLE DE TRABA O PRESTACIÓN INEMBARGABLE?

El embargo del saldo de las cuentas bancarias con un único ingreso periódico: ¿ahorro susceptible de traba o prestación inembargable?

En este artículo se aborda una situación que se está suscitando cada vez con mayor frecuencia en la práctica judicial como es la de qué sucede cuando se acuerda el embargo del saldo de una cuenta bancaria con resultado positivo, pero el demandado comparece ante el Juzgado manifestando que dicha cuenta se nutre únicamente de una prestación (sueldo, pensión, etc) total o parcialmente inembargable conforme a los criterios del artículo 607 de la LEC. ¿Cómo debe procederse en tales casos?, ¿cabe devolver total o parcialmente la cantidad embargada?, son algunas de las cuestiones que se abordan.
Jaime Font de Mora Rullán,
Letrado de la Administración de Justicia

 

I INTRODUCCIÓN: EL ORIGEN DEL PROBLEMA O SOBRE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA (ECCV) DEL PUNTO NEUTRO JUDICIAL DEL CGPJ.   
 
Para comprender la dimensión que presenta en la práctica la cuestión que se aborda en este artículo resulta ineludible hacer una breve mención o referencia a cómo ha evolucionado el embargo del saldo de las cuentas bancarias desde la promulgación de la vigente LEC hasta la actualidad.
En este sentido, cuando se promulgó la vigente ley de ritos, disponía el artículo 588 de la LEC que "1. Será nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán embargarse los depósitos bancarios y los saldos favorables que arrojaren las cuentas abiertas en entidades de crédito, siempre que, en razón del título ejecutivo, se determine, por medio de auto, una cantidad como límite máximo. De lo que exceda de ese límite podrá el ejecutado disponer libremente." Tras la reforma operada por la Ley 13/2009 dicha facultad para concretar el límite máximo embargable se atribuyó al Letrado de la Administración de Justicia. Por su parte, respecto a la forma de materializar ese embargo, las denominadas medidas de garantía de la traba, disponía el artículo 621.2 de la LEC tras la reforma del año 2009 que: "2. Cuando se embargaren saldos favorables en cuentas de cualquier clase abiertas en entidades de crédito, ahorro o financiación, el Secretario judicial responsable de la ejecución enviará a la entidad orden de retención de las concretas cantidades que sean embargadas o con el límite máximo a que se refiere el apartado segundo del artículo 588. Esta orden podrá ser diligenciada por el procurador de la parte ejecutante. La entidad requerida deberá cumplimentarla en el mismo momento de su presentación, expidiendo recibo acreditativo de la recepción de la orden en el que hará constar las cantidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad. Dicho recibo se entregará en ese acto al procurador de la parte ejecutante que haya asumido su diligenciamiento; de no ser así, se remitirá directamente al órgano de la ejecución por el medio más rápido posible."
Es decir, que se trataba de un procedimiento lento e ineficaz en muchas de ocasiones, pues o bien se tenía que averiguar previamente en qué entidades bancarias concretas tenía cuentas abiertas el demandado, lo que demoraba más la adopción de la medida, o bien se oficiaba a un elevado número de entidades bancarias, las principales, a fin de probar suerte por si se daba en la diana, siendo frecuentes los escritos de parte que incluían un amplísimo listado de bancos. Resulta además que ese oficio se cumplimentaba en formato papel y mediante correo o a través del procurador (en muy pocos casos), lo que originaba mayores retrasos. Además, en algunos casos sobrevolaba en el foro la sospecha, difícil de demostrar, de que el responsable de la entidad había dado el "chivatazo" al demandado-cliente habitual para que retirara fondos antes de verificar el cumplimiento de la orden judicial, siendo así que las cuentas se quedaban vacías haciendo ineficaz la medida.
El panorama descrito cambió radicalmente a partir del año 2011 cuando el CGPJ implementó a través del PNJ un sistema de embargo automático de cuentas. La piedra angular de dicho sistema está constituida por el convenio de colaboración suscrito por el Consejo al que se fueron adhiriendo paulatinamente las entidades bancarias españolas, primero las más importantes y en la actualidad prácticamente todas las del panorama nacional.
Este sistema, denominado "de embargo de cuentas corrientes a la vista" (conocido por las siglas ECCV) funciona de manera que por parte de la Oficina Judicial se ingresa en la aplicación de la cuenta de consignaciones (que actualmente gestiona el Banco Santander S.A) los datos del ejecutado, sobre todo su NIF, y la cantidad a embargar, y el programa procede  a efectuar un barrido automático en todas la entidades adheridas reteniendo y transfiriendo a las cuentas judiciales las cantidades que procedan hasta cubrir el importe reclamado. Utilizando un algoritmo interno para distribuir el embargo en cada ocasión entre todas las entidades. Y todo ello en cuestión de pocos días, un ciclo de 5 días como máximo. Además, recientemente se han introducido mejoras en el sistema para que la reexpedición de esas órdenes de embargo sea también automática, sin que tenga que darlas de alta nuevamente el órgano judicial cada vez. 
El resultado de todo ello es que en la actualidad este tipo de embargos ha pasado a ser el más importante y eficaz de cuantos puede decretar el Juzgado, convirtiéndose en un auténtico "rodillo", y además en un tiempo breve. Pero como contrapartida a esa maquinaria tan eficaz, surge el problema de que el sistema no permite discriminar qué se embarga, frente a la situación anterior de los oficios en papel, en que muchas veces las entidades bancarias contestaban negativamente informando que la cuenta se nutría únicamente de una prestación, normalmente sueldo o pensión, y que por lo tanto podía resultar inembargable conforme a los parámetros del artículo 607.2 de la LEC. En la práctica esto ha supuesto que en los Juzgados sea bastante habitual la comparecencia de los demandados solicitando el alzamiento del embargo acordado sobre sus cuentas por tal motivo, siendo además una cuestión que ha de resolverse de forma urgente, pues en muchas ocasiones las personas afectadas no tienen otros recursos con los que subsistir. Se plantea en tales casos si procede o no devolver en todo o en parte dichas cantidades y cómo debe acordarse esa devolución.
 
II LA CUESTIÓN ESENCIAL DE SI LA CANTIDAD EMBARGADA DEBE TENER LA CONDICIÓN DE AHORRO, SUSCEPTIBLE DE TRABA, O SE TRATA DE UNA PRESTACIÓN INEMBARGABLE.
 
Pues bien, lo cierto es que sobre dicha cuestión existen dos tesis jurisprudenciales contrapuestas que se pueden resumir de la siguiente forma:
 
a) Tesis garantista o pro deudor: parte del entendimiento de que toda la cantidad que obra consignada en la cuenta, cualquiera que sea su importe, resulta inembargable al extenderse la consideración o calificación de sueldo o pensión inembargable a todo el saldo acumulado, pero ello siempre y cuando se pruebe por el deudor de manera cumplida que la cuenta no se nutre de ningún otro ingreso distinto, lo que desvirtuaría dicha protección.
Esta postura se puede encontrar en numerosos autos, como por ejemplo el Auto nº 80/2010 de 14-5-2010 de la sección 3ª de la Audiencia Provincial de Granada (Roj: AAP GR 140/2010 - ECLI: ES:APGR:2010:140A Id Cendoj: 18087370032010200040), ponente: ENRIQUE PABLO PINAZO TOBES, cuando señala que: "SEGUNDO.- Es cierto que la ley distingue, al examinar los bienes y derechos, entre sueldos, salarios, pensiones, y cuentas corrientes de cualquier clase, siendo embargable el dinero existente en una cuenta corriente bancaria que se expresa en forma contable, como saldo positivo, disponible por su titular. También es cierto que el embargo litigioso lo fue de dinero existente en cuenta corriente, conforme permite el número 1º, 2 del artículo 592 de la LEC. Sin embargo, ello no permite desconocer la naturaleza del ingreso o dinero disponible, ya que cuando no se trata de ahorro disponible de dinero, una vez superado el periodo de percepción, normalmente mensual de los salarios, sueldos, pensiones, o retribución equivalente, a que se refiere el artículo 607.1 LEC, revelando la disponibilidad de otros fuentes de ingresos, que permiten al deudor subsistir con un mínimo vital acorde a la dignidad sin disponer de tales ingresos, ni ante saldos formados con otras fuentes de ingresos, realmente la traba de tal dinero disponible, lo será de pensiones o sueldos, cuyo tratamiento es el del artículo 607 de la LEC, precepto del que no cabe prescindir, en cuanto que trata de garantizar un mínimo vital acorde a la dignidad, y que en nuestro ordenamiento jurídico determina al salario mínimo interprofesional. Por ello, cuando el deudor pruebe que la cuenta sobre la que se hace la traba, se emplea como medio de cobro de la pensión, sin otras fuentes de ingresos, con independencia de los cargos que puedan llevarse a cabo en ella, donde no figuran saldos superiores a lo que efectivamente ingresa cada mes en concepto de salario o pensión el ejecutado, en tal caso el efectivo existente en la cuenta no debe ser considerado como un saldo en cuenta corriente, y sí como sueldo o parte de él, y atendiendo a la finalidad de la norma, que fácilmente en otro caso podría verse defraudada, debe tener la consideración de salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, a los efectos del articulo 607.1 LEC."
Y en el mismo sentido el Auto nº 333/2008 de 1-12-2008 de la sección 9ª de la Audiencia Provincial de Madrid (Roj: AAP M 15979/2008 - ECLI: ES:APM:2008:15979A Id Cendoj: 28079370092008200322) Ponente: JUAN LUIS GORDILLO ALVAREZ-VALDES cuando dispone que: "Segundo.- Entrando en el fondo de la cuestión, alegándose infracción de lo dispuesto en los artículos 606 y 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en tanto en cuanto junto a la parte legal del sueldo también se embargó a la recurrente los saldos y depósitos en una cuenta corriente en la que ingresaba el salario por lo que, en definitiva, el embargo supera los límites establecidos legalmente, constando en las actuaciones que en la cuenta embargada la ejecutada percibe salario también trabado, procede limitar el embargo sobre la citada cuenta a los saldos existentes en la misma que no procedan del salario que percibe la ejecutada".
 
b) Tesis restrictiva o pro acreedor: atendiendo a un criterio temporal entiende que únicamente queda protegido el último mes en que se cobró la prestación inembargable, pero la cantidad que supere los ingresos de la última mensualidad se consolida, por lo que adquirirá la consideración o calificación de ahorro o saldo en cuenta y por lo tanto sí que sería susceptible de traba. 
Esta tesis la expone de manera muy clara el Auto nº 91/2004 de 2 de septiembre de 2004 de la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Lleida (Roj: AAP L 407/2004 - ECLI: ES:APL:2004:407ª) ponente José María Pocino Moga, cuando señala que: "Establecidas las anteriores premisas, a tenor del examen del cuenta aportada, en realidad estamos ante un simple medio de cobro de la pensión, y no ante la existencia de un saldo significativo de ahorro o demostrativo de una capacidad económica superior a la subsistencia que señala el artículo 607 de la LEC , para aquél año la cantidad de 451'20 euros mensuales. Que en realidad, se ha embargado la pensión que cobra el deudor, pues el hecho de que no la dispusiera de forma efectiva en su integridad en fechas próximas a la de cobro no implica que no forme parte de su necesaria subsistencia, y más, cuando esta pensión es inferior al salario mínimo interprofesional que a tenor de la LEC se establece como mínimo indispensable para la subsistencia. Si acogemos el parámetro tiempo para determinar la naturaleza del ingreso o dinero disponible, y atendemos a este podemos advertir como el deudor solo pudo ahorrar en el mes anterior - abril - la cantidad de 50'51 euros, y que por tanto sólo ésta cantidad era susceptible de embargo al superar su tenencia más de un mes, solo ésta cantidad puede merecer el concepto de saldo o dinero en cuenta corriente susceptible de embargo de conformidad al artículo 592 de la LEC. Si por otro lado solo usamos el criterio del mínimo de subsistencia previsto por la ley y reconocido constitucionalmente del artículo 607 habríamos de determinar que ningún saldo en el presente caso es susceptible de embargo pues aquél sobrante o ahorro de 50'01 euros del mes anterior provenía igualmente de una pensión inferior al salario mínimo interprofesional, sin embargo acoger éste parámetro como único podría conducir a la ineficacia del embargo de cuentas y depósitos de ahorro, pues en definitiva todos los depósitos disponibles tienen su origen en ingresos de sueldos, salarios, rentas o pensiones, obligando al examen del origen de cada una de las partidas sin tener en cuenta el destino de subsistencia o de ahorro. Y es por ello que en definitiva constando que en el presente caso el deudor pudo subsistir el mes anterior proveyendo para su ahorro la cantidad de 50'01 euros, y que transcurrido el mes de vigencia con carta de naturaleza de pensión, éste deviene, transcurrido el umbral del mes, ahorro disponible de dinero y por tanto susceptible de embargo, no el resto del dinero que ingresado como pensión no varió su naturaleza de pensión al no haber superado el mes. En consecuencia, debe prevalecer el criterio tiempo, por adecuarse a la realidad económica de subsistencia del deudor y por que en definitiva otorga seguridad jurídica al ejecutante y ejecutado, cumpliendo con la finalidad que otorga a la Constitución y la LEC al sistema de mínimo inembargable. El ingreso o dinero que no supera la periodicidad de cobro, en nuestro caso el mensual, no pierde su condición de pensión, y una vez transcurrido el mes de disponibilidad si traspasa al siguiente tendrá a partir de la fecha de nuevo cobro de pensión la consideración de dinero en cuenta o ahorro del artículo 592 de la LEC . En definitiva debe reconocerse al recurrente que en parte se ha producido una vulneración del artículo 607 LEC , y decretarse en el sentido expresado de devolución parcial del bien, dejando como embargo efectivo y acorde a Ley lo que es considerado como ahorro, la cantidad en este caso de 50'51 euros, y por tanto será superior al límite del artículo 607 LEC la cantidad de 175'51 euros."
En la práctica, si se acoge esta segunda tesis, que parece la más razonable y equilibrada entre los intereses de acreedor y deudor, deberá calcularse en cado caso concreto la cantidad que resulta embargable al tener la consideración de ahorro, descontando los importes de la última mensualidad que resulten inembargables.
 
III SOBRE CÓMO SE DEBE DEJAR SIN EFECTO EL EMBARGO ACORDADO EN ESTOS CASOS.
 
Tampoco está claro en la LEC cómo debe adoptarse la resolución para resolver sobre esta incidente y si es necesaria o no la postulación del demandado. Sobre esta segunda cuestión el criterio mayoritario en el foro es el de admitir la simple personación del demandado mediante comparecencia o escrito, y ello porque de lo contrario se le obligaría a tener que designar abogado y procurador, normalmente del turno de oficio, lo que puede demorar considerablemente la resolución de una cuestión que resulta urgente en muchos casos. Como fundamento a favor de esta tesis se puede citar el artículo 609 de la LEC que admite la actuación del ejecutado mediante la "simple comparecencia ante el Secretario judicial si no se hubiera personado en la ejecución ni deseara hacerlo"
En cuanto a la forma de la resolución a dictar, se aboga por que sea un decreto de Letrado de la Administración de Justicia con posibilidad de recurso de revisión ante el Juez. Y ello porque si bien es cierto que del citado artículo 609 de la LEC parece que debería acordarse la nulidad del embargo acordado, lo que necesariamente tendría que hacerse por auto del Juez, lo cierto es que la medida a adoptar puede incardinarse perfectamente en el concepto de reducción del embargo del artículo 612.2 de la LEC que sí es competencia en primer lugar del Letrado de la Administración de Justicia con posibilidad de recurso ante el Juez.
Finalmente se plantean dudas respecto al trámite a seguir y, concretamente, si resultaría necesario o no conferir previo traslado al ejecutante antes de entrar a resolver la cuestión. Pues bien, sobre este punto parece más razonable entender que sí es posible entrar directamente a resolver siempre y cuando de la documentación aportada por el demandado, normalmente copia o resguardo de la cuenta embargada, resulte evidente que no constan otros ingresos. Ahora bien, cuando se planteen dudas por la existencia de apuntes contables que reflejen otros ingresos, sí sería razonable conferir un previo traslado al ejecutante a fin de que pueda posicionarse al respecto.
En definitiva, se trata de una resolución de Letrado de la Administración de Justicia de gran importancia y relevancia práctica puesto que requiere de una respuesta rápida y ágil para minimizar los efectos perniciosos que pueden provocarse al demandado en estos casos.

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viernes, 13 de abril de 2018

EL EJERCICIO DEL SACERDOCIO NO PUEDE CONSIDERARSE TRABAJO POR CUENTA AJENA.

El ejercicio del sacerdocio no puede considerarse trabajo por cuenta ajena

TSJ Madrid, Sala de lo Social, Sentencia 4 Diciembre 2017

 
 
Diario La Ley, Nº 9177, Sección La Sentencia del día, 13 de Abril de 2018, Editorial Wolters Kluwer
LA LEY 2499/2018
La condición de sacerdote tiene un valor sacramental, un significado trascendental que excede lo puramente humano y la relación que se crea no se materializa en virtud de un contrato.
TSJ Madrid, Sala de lo Social, Sentencia 1041/2017, 4 Dic. Recurso 1240/2017 (LA LEY 213314/2017)
Como resultado de un proceso penal canónico fue impuesta al actor la pena de pérdida del estado clerical, con dispensa del celibato y de toda carga vinculada al sacerdocio, y recurre la decisión del Juzgado de los Social que desestimó su demanda de despido, manteniendo que existió una relación laboral con el Arzobispado de Madrid y la Archidiócesis de Getafe.
Niega rotundamente el TSJ que la realización del ministerio sacerdotal dentro del marco de la organización de la Iglesia Católica sea una relación laboral porque si no existe un contrato, de ningún tipo, menos aún puede existir un contrato de trabajo.
 
La condición de sacerdote tiene un valor sacramental, un significado trascendental que excede lo puramente humano, - subraya la sentencia-, y la relación que se crea no se materializa en virtud de un contrato, por lo que en ausencia de contrato, no cabe hablar de ajenidad, dependencia o retribución, elementos propios y característicos de una relación laboral.
La especial protección en materia de Seguridad Social dispensada a los clérigos y religiosos parte precisamente de la inexistencia de relación laboral, y es por ello por lo que se les considera como "asimilados" a trabajadores, pero sin que ello equivalga en ningún caso a entender que mantienen con la Iglesia una relación por cuenta ajena.
 
Muchas han sido las ocasiones en las que se ha venido negando el reconocimiento de naturaleza laboral de la relación existente entre un sacerdote y la Iglesia Católica, incluso en un supuesto en el que el sacerdote desarrollaba funciones docentes en un seminario; que en una ocasión, la Sala haya reconocido a un capellán la existencia de relación laboral no es extrapolable al supuesto ahora debatido porque la razón de aquella decisión estuvo motivada en que el capellán si había sido contratado laboralmente por un Hospital público, entablando una relación laboral con una entidad ajena a la Iglesia.
 
La clave la ofrece el Tribunal Constitucional al afirmar que la cualidad de miembro de una orden religiosa no determina automáticamente la «deslaboralización» de la actividad profesional, y aunque se debe admitir que un religioso pueda celebrar un contrato de trabajo, ello será así siempre que se celebre con tercero distinto de la Congregación a la que pertenece.
El TSJ confirma la desestimación de la demanda de despido porque aunque es posible que un sacerdote entable una relación laboral con terceros ajenos a la Iglesia, no se puede considerar como relación laboral la que consiste en la realización de su ministerio dentro del marco de la organización de la Iglesia Católica.
 


miércoles, 28 de marzo de 2018

DAÑOS A TERCEROS POR PARTE DE LOS INQUILINOS: ¿ QUÉ RESPONSABILIDAD TIENE EL DUEÑO?

Daños a terceros por parte de los inquilinos: ¿Qué responsabilidad tiene el dueño?

 
 
  • 22-3-2018 | Wolters Kluwer
  • En no pocas ocasiones nos encontramos con demandas de responsabilidad civil que van dirigidas tanto a los arrendatarios como a los dueños de la vivienda arrendada. Las respuestas que dan los tribunales son muy diversas, al igual que los casos que pueden darse. Veamos algunos ejemplos.
Isabel Desviat.- Con independencia de que exista un vínculo contractual entre arrendador y arrendatario, lo cierto es que pueden producirse situaciones en las que un tercero puede verse perjudicado por las acciones u omisiones del inquilino, surgiendo la cuestión de si el arrendador o dueño de la finca es también culpable en cierta medida. Las respuestas dadas por los tribunales son tan numerosas como los casos que pueden darse.
Recordemos que el artículo 1903 del Código Civil, que trata sobre la responsabilidad por hecho ajeno -en principio- no sería aplicable, pues la condición de propietario del inmueble arrendado no se incardina en ninguno de los supuestos que el precepto establece. No obstante pueden surgir dudas. Vamos a examinar algunos casos y lo que los tribunales han fallado en cada momento.
 
Caída de objetos desde el piso arrendado
 
Parece un ejemplo de libro, pero el caso es que ocurrió en la realidad. En esta sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 4 de diciembre de 2007 , se examinó la reclamación de daños y perjuicios interpuesta contra inquilino y dueña de la vivienda por la muerte de una transeúnte a consecuencia de un golpe en la cabeza por una maceta que, durante un fuerte temporal de viento, cayó desde el quinto piso del inmueble. La Sala apreció la responsabilidad de la arrendataria, pero no de la propietaria del inmueble, que no estaba obligada a advertir a la inquilina del peligro que representaban las macetas, ni requerirla para que las retirase.
Daños ocasionados por incendios - ¿Culpa exclusiva o concurrencia de culpas?
Una de las causas más numerosas de interposición de demandas es la relacionada con los daños producidos por incendios en los inmuebles; ¿De quién sería la responsabilidad? depende de los casos.
La Audiencia Provincial de Sta. Cruz de Tenerife, en sentencia de 20 de junio de 2008 examinó la reclamación por daños derivados del incendio producido, y por el agua utilizada para apagarlo, en el local de la planta baja que se encontraba en piso inferior al piso donde se produjo el siniestro. Se constató el origen eléctrico del incendio, en las cercanías de un enchufe y por sobrecarga, descartándose caso fortuito. Se concluyó la responsabilidad del arrendatario y no del arrendador. Puntualiza que del contrato de arrendamiento urbano de vivienda no se deriva una responsabilidad civil del arrendador propietario frente al perjudicado por los actos culposos llevados a cabo por el inquilino en la vivienda alquilada, pues falta una relación de dependencia y subordinación que pueda originar, en base al art. 1903 del Código Civil , una responsabilidad por culpa "in eligendo" o "in vigilando".
 
Cuestión distinta es cuando nos encontramos con incendios cuya causa pueda ser el deficiente mantenimiento que corresponde al propietario. Así, en esta sentencia de la AP Guipúzcoa de 30 de junio de 2016 se examina la demanda de la aseguradora del perjudicado frente a arrendador y arrendatario de la vivienda donde se inició el incendio que causó daños en el piso colindante. La causa origen del siniestro fue un incendio originado en el salón de la vivienda, cuyos inquilinos se encontraban dormidos en el momento en el que se produjo el fuego. El Tribunal observó la concurrencia de dos causas en el incendio: la obsolescencia de la instalación eléctrica de la vivienda, cuyo mantenimiento corresponde al propietario de la vivienda, y por otro lado que los arrendatarios conectaron varios aparatos a una misma toma y posiblemente, mantenerlos encendidos, aunque sea en posición de espera o bajo consumo. Se declaró la menor responsabilidad de los inquilinos, frente a la responsabilidad de los propietarios por la obsolescencia de la instalación eléctrica.
Esta sentencia dictada por la AP Salamanca el 2 de noviembre de 2010 concluyó la responsabilidad del dueño del inmueble por los daños que los inquilinos causaron a terceros, al no adoptar las medidas de precaución y diligencia exigibles. En ella se analiza el alcance de las obligaciones que tienen los propietarios sobre los inquilinos, sobre si deben ejercer sobre ellos una vigilancia que tal que no les pueda hacer imputables, luego, en concepto de responsabilidad cualquier daño que se derive de su actuación en el inmueble y si la compañía de seguros que cubre la responsabilidad civil del propietario alcanza en su cobertura a las imprudencias llevadas a cabo por el inquilino, además de hacerlo sobre el propietario que es quien suscribe la póliza. Señala que el inquilino está obligado a advertir al propietario sobre la existencia de defectos en el inmueble de los que se puedan provocar daños, y solo en el supuesto de que habiendo sido la causa determinante del daño el mal estado de las instalaciones de la vivienda, el propietario arrendador que conociera esa circunstancia y no la hubiera remediado incurriría en responsabilidad.
 
Inundaciones o filtraciones de agua
 
Al igual que en los casos de incendio, éste es uno de los temas que más se discuten ante los tribunales, y las soluciones son diversas.
La AP de Vizcaya en sentencia de 10 de julio de 2008 examinó una demanda para obtener una indemnización de daños y perjuicios causados por filtraciones de agua procedentes de la vivienda inmediatamente superior, que se encontraba alquilada. Se concluyó que las filtraciones tuvieron como causa la rotura de una conducción de agua, debido a una serie de actos violentos por parte del inquilino. La Sala resolvió que el propietario no podía ser responsable de los daños, pues la conducta del arrendatario excedía de la obligación de control por parte del propietario de la vivienda. Señala que en los supuestos de viviendas arrendadas, no cabe extender la objetivación de la responsabilidad a los daños causados por actos individuales de los inquilinos en los que no haya intervenido ningún grado de culpa del propietario del piso.
 
En esta otra sentencia, de la AP Cantabria de 24 de septiembre de 2008 se declaró la responsabilidad solidaria de la propietaria y la arrendataria por los daños causados en la vivienda inferior. La prueba pericial evidenció que el origen de las filtraciones es la terraza superior por deficiente aislamiento, filtraciones que provocan a su vez las condensaciones pues suponen un mayor índice de humedad. El Tribunal puntualiza que no son oponibles al tercero perjudicado las relaciones jurídicas nacidas del contrato de arrendamiento, lo que pertenece al ámbito interno de las relaciones entre arrendador y arrendatario, siendo lo decisivo la imputación de responsabilidad, bien de forma objetiva, bien subjetiva por vulneración del deber objetivo de cuidado.
Otros daños
La AP de Las Palmas en sentencia de 24 de noviembre de 2006 absolvió a la propietaria demandada de los daños reclamados por la emisión de ruidos surgidos del local arrendado, que superaban los límites máximos permitidos. La Audiencia resuelve la responsabilidad exclusiva de la empresa arrendataria codemandada, y no del propietario, que no es responsable de los ruidos provocados por aparatos que no son de su propiedad.
 
En otro caso en el que se reclamaban los daños causados a cierto material almacenado en un local arrendado, pertenecientes a un tercero, la Audiencia Provincial de Valladolid (S 69/2006, de 28 de febrero) concluyó la responsabilidad del propietario, y no del inquilino del local, dado que aquél tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que terceras personas se introduzcan en el edificio. Nadie discutía si los objetos deteriorados estaban o no en el local, ni tampoco el daño ocasionado ni su valor, sólo se opone que no eran propiedad del arrendatario. Sí lo eran del asegurado.
 
Una caída de un cliente en un establecimiento abierto al público y dedicado a la frutería fue la causa de la interposición de demanda frente a propietario y arrendador del local. La Audiencia Provincial de Madrid (S 401/2016, de 22 de septiembre), tras las pruebas practicadas llegó a la conclusión de que la caída del cliente fue debida a la irregularidad del suelo del local, por carencia de algunas baldosas. En este caso, derivado del contrato de arrendamiento se desprende que quien tenía el control de la situación y circunstancias del local, como poseedor, era el arrendatario, y consecuentemente respondía por el estado del pavimento, sin facultad alguna que permitiese al arrendador supervisar o fiscalizar el grado de seguridad o adecuación del solado para la actividad comercial desarrollada. El propietario, por tanto, fue exonerado.