El vaso del
turno de oficio se derrama y amenaza con volcarse. Los abogados y procuradores
de la justicia gratuita continúan su batalla por mejorar sus condiciones, una
guerra que en los últimos días se ha embarrado. Las pobres remuneraciones por
asunto (134 euros de media), los retrasos en los pagos (cinco meses en algunos
territorios) y las actuaciones que no se pagan han desencadenado una cadena de
dimisiones en bloque. El movimiento empezó hace un mes. En Galicia, los
abogados de oficio de Lalín y A Estrada (Pontevedra) anunciaron su baja
organizada de las listas de oficio. La semana pasada, 60 abogados y
procuradores del turno penal de Ponferrada (León) siguieron el ejemplo. Fuentes
cercanas a las protestas aseguran que vendrán más bajas en Valladolid y León,
porque, dicen, la situación “es insostenible”.
Los abogados y
procuradores pro huelga confían en provocar un efecto dominó. Los portavoces de
las protestas animan a que otros letrados se sumen al movimiento y se den de
baja en sus respectivos territorios como forma de presión. “Puede cuajar en los
partidos judiciales más pequeños, donde es más fácil organizarse”, explica
Alejandra Azcorra, una de las letradas que organiza las protestas en
Ponferrada.
Según traslada
a Cinco Días, el colectivo se siente abandonado. Por el Ministerio de Justicia
y por los colegios. Los profesionales quieren que se les pague, pues la
normativa española no contempla que el Estado cubra todos los trámites
asociados a estos casos. “No es solo que los baremos no se actualicen. Es que
hay muchas actuaciones que no se pagan” y “los retrasos para cobrar son
constantes”, añade Azcorra.
Ponferrada
El Ilustre
Colegio de Abogados de León, que engloba Ponferrada, se pronunció hace unos
días sobre el fenómeno de las bajas en bloque. Fernando Santocildes, su decano,
recordó en Cadena Ser que, si las protestas y las huelgas ponen en peligro la
asistencia de los detenidos, la institución se verá obligada a llamar al
ejercicio obligatorio. Esta es una posibilidad que permite la ley si la demanda
de abogados supera la oferta. En una tesitura así, los colegios pueden llamar a
filas a sus colegiados para asistir a los ciudadanos que lo necesiten, pues lo
contrario crearía una indefensión que vulneraría la Constitución.
En cualquier
caso, el decano deja claro que las reivindicaciones de los abogados coinciden
con las del colegio. “Tanto el colegio como el Consejo General de la Abogacía
Española venimos reivindicando permanentemente mejoras en las condiciones del
turno de oficio” y “una remuneración que sea justa y digna”. Y agrega: “Lo más
urgente es el pago de las mensualidades pendientes desde noviembre”, lo que
“parece que se efectuará en los próximos días”, señala el letrado.
Para Belen
García, del sindicato de abogados y procuradores Venia, uno de los más
combativos, la lectura es bien distinta. En su opinión, los colegios presionan
a los letrados para no ir a la huelga y asegura que no están luchando para
conseguir mejores remuneraciones. García pone el dedo en que estas
instituciones cobran sus honorarios de la misma partida que libera el
Ministerio para los letrados y procuradores. Por lo que “son parte interesada”
en las mesas de negociaciones, advierte.
Desde el 29 de
noviembre, los profesionales del turno están convocados a una huelga general y
Venia anima a los letrados a atender los casos verdaderamente urgentes, como
menores o violencia de género, y rechazar el resto, hasta que las instituciones
tomen partido. Más de 10.000 abogados están llamados a protestar este sábado en
Madrid para que los profesionales del turno sean reconocidos como trabajadores
y por mejorar su situación. En febrero, cientos de abogados ya acudieron a la
capital bajo el lema “Turno de oficio digno, pasarela Reta ya”. Consignas como
“¡Dignidad para la profesión!” o “¡Somos abogados, no somos esclavos!” se escucharon
frente al Congreso de los Diputados.
Trabajar y no
cobrar
La
administración de la justicia es competencia de las autonomías, por lo que cada
territorio cuenta con su propio sistema de pagos y guardias, sin embargo, las
quejas del sector se dirigen en la misma dirección. En primer lugar, los
abogados del turno denuncian la escasa cuantía de las remuneraciones y señalan
que en países vecinos como Portugal o Francia las gratificaciones son mucho más
elevadas. “Un recurso de reposición al Tribunal Superior de Justicia, que es
uno de los escritos más difíciles de elaborar, se cobra a 200 euros [cada
territorio tiene sus tarifas]”, lamenta Azcorra.
En segundo
término, el colectivo quiere que se cubran todos los gastos asociados al
servicio. Por ejemplo, “el kilometraje para los desplazamientos”. En provincias
despobladas y extensas, los procuradores y abogados se ven obligados a recorrer
largas distancias para asistir a los ciudadanos sin recursos. Y la
Administración no se hace cargo de estos gastos.
A Estrada y
Lalín
En los
partidos judiciales de A Estrada y Lalín, el Ilustre Colegio de Pontevedra tomó
la decisión, insólita, de decretar el alta forzosa de todos los abogados que
contasen con tres años de experiencia, para garantizar la asistencia a detenidos
y garantizar las guardias de violencia de género y así suplir el agujero de los
profesionales que se dieron de baja en estampida. Un acuerdo “excepcional y
extraordinario”, ha reconocido la institución, que estará en vigor hasta el 30
de junio.
Gema Rial, la
decana en esta demarcación, reconoce que las protestas de los abogados son
legítimas. “La Junta de Gobierno apoya a sus colegiados y colegiadas tanto en
el ejercicio del derecho de huelga como en la gran mayoría de sus
reivindicaciones”, señala en conversación con este medio. Y añade: “Creo que
todos estamos de acuerdo en que nadie debe trabajar sin cobrar, los abogados
evidentemente tampoco”.
Rial afirma
que hay negociaciones abiertas para actualizar los baremos y reconocer como
remunerables actuaciones que en la actualidad no lo son. Pero para conseguirlo
hay que llegar a un acuerdo con la Xunta de Galicia y en todo caso, reconoce la
decana, hay reivindicaciones del colectivo que “requieren modificaciones
legislativas de calado”
La decisión de
decretar la suscripción obligatoria al turno será recurrida, afirma Teresa
Bouzón, abogada de oficio de A Estrada, en conversación telefónica. La letrada
ve injusto que los abogados y procuradores de oficio no tengan reconocida su
condición de trabajadores. “Si tengo un accidente nadie respondería, solo el
seguro privado de cada uno o la cobertura de autónomo”. Otro punto de mejora,
señala Bouzón, radica en el sistema de guardias. Si el teléfono no suena, el
abogado no cobra, a pesar de estar disponible. La asistencia a los detenidos
tampoco se paga. “En las escalas de retribuciones estamos en la media”, pero
“no existe un estatuto del abogado de oficio”. “Ninguna ley regula la relación
entre estos abogados y la administración”.
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